Web del Ayuntamiento de Villarrobledo

Juan Luís Iñiguez, concejal de Hacienda ha dado a conocer los detalles en torno a esta actuación llevada a cabo por el anterior equipo de gobierno, que contemplaba el asfaltado de 25 km de caminos del término municipal, con una inversión de 430.000 euros por parte del Programa Habitania del año 2012, entendiendo en su día desde el grupo socialista entonces en la oposición que ese dinero ha sido tirado a la cuneta, lo que motivo la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Villarrobledo.

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Tras haber sido sobreseído provisionalmente, y recurrir el grupo socialista en su momento esta resolución, detalla Iñiguez que ahora la Audiencia Provincial ha decidido, por medio de un auto judicial, reabrir el caso, “por entender que ese sobreseimiento por parte del Juzgado de Instrucción de Villarrobledo era prematuro, y lo que se exige desde la Audiencia Provincial es que se practiquen nuevas diligencias de investigación de muchas cuestiones que están sin esclarecer, y que no se pueden dejar sin investigar”

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Ha afirmado que espera que el Juzgado de Instrucción de Villarrobledo lleve a cabo las diligencias que le ordena la Audiencia Provincial con la diligencia debida, en un asunto que considera muy grave “ya que nos vimos obligados a intervenir en su momento por tratarse de una importante cantidad de dinero en la ejecución de una obra que, con independencia de las valoraciones que cada uno pueda hacer con respecto al resultado de la ejecución de la misma, lo que se hizo, y es una valoración nuestra, es una auténtica chapuza, con el resultado final de haber tirado literalmente 430.000 euros a las cunetas de esos supuestos 25 kilómetros de caminos arreglados”.

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En el recurso estimado por la Audiencia Provincial, desde el grupo Socialista se solicitaba se investigasen algunas cuestiones aún pendientes de esclarecer, puntualizando Juan Luis Íñiguez que “nosotros no vamos a prejuzgar a nadie, no vamos a prejuzgar a Valentín Bueno, alcalde de Villarrobledo en aquel momento, ni a la responsable del área de Obras, Amalia Gutiérrez. Sólo vamos a poner sobre la mesa para público conocimiento aquellas cuestiones que deben investigarse porque hablamos de dinero público, y como gestores de ese dinero estamos en la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias cuando detectamos irregularidades evidentes”.

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Entre las irregularidades detectadas, incorporadas al recurso presentado en su día, detallaba Juan Luis Iñiguez que la obra de arreglo de 25 km de caminos, a ambos márgenes de los mismos, se planteó en 21 días.

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Incidía en que, una vez pudieron disponer de la memoria del proyecto, encargaron una peritación para comprobar sobre los propios caminos las diferencias entre lo certificado y pagado, y lo realmente ejecutado, “con la sorpresa mayúscula de que después de firmado el informe pericial se detectó por la propia perito que había 114.000 euros del montante total de la obra que habían sido pagado pero no ejecutados sobre el terreno, cuestión muy grave que tiene que ser investigada”.

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Otra cuestión que reclaman es saber cómo es posible que en una obra que debía ejecutarse con los medios propios del Ayuntamiento apareciese una factura por alquiler de equipos, con fecha 30 de diciembre, cuando la obra debía estar ejecutada a fecha 31 de diciembre, y que se detectase otra factura por la compra de un rodillo compactador, que es la maquinaria que se alquilaba, por importe de 242 euros.

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Juan Luis Iñiguez indicaba que un material necesario para poder llevar a cabo esta obra son las zahorras, “vemos como el ayuntamiento, en tiempo de Valentín Bueno, inició un proceso judicial para recuperar 5.400 toneladas de zahorras, que en lugar de estar echadas en los caminos donde se ejecutaba la obra estaban durmiendo el sueño de los justos en la cantera origen, con un importe de 48.000 euros que Valentín Bueno se gastó en un procedimiento que consideramos ilegal, porque lo que se produjo un fraccionamiento en tres lotes distintos la compra de las zahorras para evitar el procedimiento de pública concurrencia de otras empresas, cuando al final resultó que la adjudicataria de estos lotes funa la misma empresa, vinculada a la empresa que realizó las obras de reparación de los caminos, viendo la Audiencia Provincial indicios de delito en ese fraccionamiento”.

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Iñiguez espera que la Audiencia Provincial pueda aclarar cómo fue posible que se hiciese una cesión, supuestamente ilegal de créditos a los trabajadores de la emrepsa adjudicataria de las obras cuando lo que había previamente era una orden de embargo de los créditos de la empresa por parte de un juzgado, lo que provocó la reclamación de un tercero, “y al final este ayuntamiento fue condenado a pagar dos veces la misma certificación que se cedió supuestamente de manera ilegal a los trabajadores, con lo que en lugar de pagar 110.000 euros, se tuvo que pagar el doble”.

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Afirmaba que ante esats cuestiones, la Audiencia Provincial ha decidido que no procedía el sobreseimiento del caso, sino que debe seguirse con la investigación de todas estas cuestiones, “porque es una obra que se mire por donde se mire ha sido un auténtico despropósito, enmarcada según la representación procesal de este ayuntamiento en los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones”.